GUSTAVO PETRO

Gustavo Petro ha sido destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por el Procurador de Colombia. Ese es, sin duda, uno de los principales acontecimientos, junto al proceso de paz con las FARC, que más controversias origina por sus implicaciones en el órden institucional, político y jurídico de Colombia.

Una persona que viva en el extranjero podría inferir que el alcalde Gustavo Petro cometió actos de corrupción, que hizo contratos irregulares, o sub-facturó precios para enriquecerse ilícitamente. Nada de eso ha sucedido. Entonces, surge la pregunta: ¿ Puede un procurador ( Funcionario elegido por el Congreso) y quien no es Juez destituir a un alcalde electo?

Nadie cuestiona al Procurador por la destitución de funcionarios corruptos. La constitución le ha otorgado amplios poderes; tan amplios, que puede abusar de ellos. Se le  cuestiona su abuso de poder. Amparado por la ley, una falta administrativa, tiene las mismas dimensiones que un acto de corrupción porque al causar detrimento patrimonial, costos excesivos para la ciudad , es una forma de corrupción. Porque según El, corrupción es también causarle pérdidas a otros así el alcalde no se haya apropiado de un solo peso.   Por lo menos así lo establecen las leyes existentes en materia disciplinaria. Y para justificar su decisión, argumenta, que solo cumple lo que estipula la ley.

¿ Qué hizo Petro? Implementar un nuevo Modelo de Recolección de Basuras. El Procurador afirma que con el Nuevo Modelo Petro violó el derecho a la libre empresa. La Recolección de Basuras era una empresa que sólo 4 contratistas manejaban con ganancias extraordinarias. y nadie más tenía acceso a ese negocio por costos y capital de trabajo además que ningún organismo de control facilitó la vinculación de otras empresas minoritarias. A eso claramente se le llama Oligopolio. Para el Procurador una "falta gravísima" fue pretender convertir en publica una empresa privada pues las empresas de la capital no tenían la capacidad instalada, la experiencia, el recurso humano, además de ser totalmente ineficientes. Una empresa pública puede ser altamente eficiente. Las Empresas Publicas De Medellin son un ejemplo de ello. El problema es otro: El modelo Neoliberal de la economía colombiana ha llevado a que las empresas publicas eficientes se privaticen y las privadas, quebradas, las compre el estado. es decir, que en Colombia se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. El procurador argumenta que al querer quitarle la recolección de basuras a las empresas privadas Bogotá vivió un caos al no recogerse la basura en forma adecuada, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de Bogotá y daño al medio ambiente.  El traumatismo lo originaron los mismos contratistas al saber que no se les iba a renovar las licencias. No hubo una pandemia, no hubo una peste bubónica, y no hubo un solo muerto como resultado de la acumulación de basuras que duró tres días. Hubo un complot entre los contratistas y unos grupos políticos para tumbar al alcalde. Hecho que el Tribunal de Cundinamarca estudia en un caso de tutela.  De todas formas, tanto el Procurador como los que impulsaron La Revocatoria para sacar al alcalde, una y otra vez afirman esos tres días de caos  pero jamás mencionan que el nuevo Modelo a Diciembre 31 del 2013  le ahorró a los usuarios 50.000 millones de pesos y recogió 175.000 toneladas más de basuras. Representando con ello un servicio más eficiente y a menor costo.

La pregunta a si el procurador puede destituir a Petro como lo ha hecho ya con más de 800 funcionarios entre ellos alcaldes y gobernadores es Sí, lo puede hacer. Pero el decreto de destitución e inhabilidad lo tiene que firmar el Presidente para que se haga efectiva la orden del Procurador. Un magistrado del Tribunal de Cundinamarca ordena "suspender" la firma del decreto pero es el Tribunal en pleno quien decida si se suspende o no la órden. Pero además están las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) pueda dictaminar a favor de Petro por violación a sus derechos políticos y de los electores que lo eligieron. Para unos, entre ellos El Fiscal General, las medidas cautelares de la CIDH son vinculates y deben ser acatadas. Si este escenario sucede habrá Revocatoria donde el elector primario decide  si Petro se va o se queda hasta el 31 de Diciembre del 2015. 

El alcalde Petro, me parece, se ha sometido a las instituciones democráticas que una vez combatió como miembro del M-19. Entregó las armas, y en procesos electorales sin maquinaria y sin mermelada llegó al Senado donde ha legislado en forma idónea, y como Alcalde, no ha podido gobernar porque por un lado, sus enemigos políticos, consiguieron las firmas que Petro denunció en su momento como falsas en su mayoría, para que la registraduría avalara La Revocatoria. Después el proceso disciplinario de la Procuraduría que más que un acto administrativo por un ente de control ha significado una sentencia a muerte por El Inquisidor Ordoñez defensor del derecho convencional del siglo XVII. Petro lo ha dicho: He estado entre la destitución y la revocatoria.  Sin sectarismos, sin dogmas, lo que pasa en Colombia es preocupante. Los líderes que no pertenecen al status quo o tienen ideas diferentes ya no los asesinan a plomo como a los miembros de la extinguida UP sino mediante un ordenamiento jurídico que no le garantiza al votante que las personas que ellos eligen para que los representen puedan gobernar.  En un sistema donde no se garantizan las libertades políticas, el derecho a la igualdad, y donde una élite  controla la economía y el poder político, jamás se podrán erradicar las causas  que originan la guerrilla, la inseguridad,  y esa sicopatología de lo social que se evidencia en agresividad y violencia de toda clase. No deja de sorprenderme también, que ante la eventualidad de que haya revocatoria los detractores de Petro y enemigos de la paz digan que ahora si Petro quiere la revocatoria porque es lo que más le conviene. No, lo que más le conviene a la democracia es que los derechos del constituyente primario sean respetados. La insistencia del procurador de firmar el decreto sin dilación  es de una arrogancia extrema. ¿ A quien le conviene la guerra?   Porque el mensaje para un eventual proceso de paz y el fin de la guerra que por más de 50 años ha desangrado a Colombia es claro: No habrá garantías políticas ni jurídicas para los desmovilizados.  En otras palabras, no hay perdón ni reparación!